Cargos públicos vs. lenguas indígena originarias

La Coordinadora Nacional Comunitaria de los Consejos Educativos de Pueblos Originarios (CNC-CEPOs) en representación de los Consejos Educativos de Pueblos Originarios del país (CEPOs), ante las declaraciones del periodista John Arandia, a consecuencia de su inhabilitación como candidato para optar el cargo de Defensor de Pueblo, por no cumplir el requisito de conocimiento de la lengua originaria, tenemos el deber de comunicar a la opinión pública lo siguiente.

Hasta hace una década los pueblos indígenas originarios, aun siendo mayoría en este país, estuvimos invisibilizados, nuestros derechos conculcados y los idiomas proscritos o confinados a las comunidades indígena originarias. Sin embargo, las organizaciones y los líderes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afroboliviano, no cejaron en su afán de demandar el “reconocimiento” de los derechos humanos, por constituirnos parte de la población de este territorio que se llama Estado Plurinacional de Bolivia.

Sobre el tema de lenguas que nos ocupa, a fuerza de importunar por años, se logró un significativo avance en las políticas lingüísticas del Estado en los últimos 10 años. Entiéndase por política lingüística como el conjunto de acciones y decisiones en relación a las lenguas, por parte del Estado a través de los poderes políticos que tienen el propósito de producir cambios en favor o en contra de los idiomas y normar su uso, mediante disposiciones con valor prescriptivo tanto para la sociedad y sus instituciones como para los usuarios de la lengua. En consecuencia, la política lingüística es la voluntad sujeta a objetivos de carácter político y manifestada en disposiciones normativas relacionadas directa o indirectamente con la preservación o extinción de las lenguas existentes en el país. El Estado Plurinacional de Bolivia ha optado por preservar, desarrollar y difundir las lenguas indígenas originarias del país. No otra cosa significa, que las más de 30 idiomas indígena originarios hablados en el territorio boliviano son co-oficiales junto al castellano, por mandato de la Constitución Política del Estado Plurinacional, promulgado el 2009, y en el marco de la CPE, ratifican el carácter oficial de las lenguas indígenas originarias la Ley de la Educación Boliviana No. 70 “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” promulgado el 2010 y la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas No. 269, promulgado el 2012. Además de otras normas de caractér reglamentaro.

La Constitución Política del Estado dispone, a su vez, para los servidores públicos la obligatoriedad de hablar al menos dos idiomas oficiales, de los cuales uno será el castellano y el otro uno de los idiomas indígena originarias oficiales, tanto para el gobierno central como para los gobiernos departamentales y locales (Artículo 5. Parágrafo II, Artículo 234, numeral 7 y la Decima disposición transitoria, que determina la elaboración de una ley específica).

En consecuencia, la exigencia del conocimiento de la lengua originaria como requisito para optar cargos de carácter público está fundada en normas de la Constitución Política del Estado ( 2009), y el plazo de tres años para aprender la lengua indígena originaria para los que no la hablan se establece posteriormente en la Ley 269 de Derechos y Políticas Linguisticas promulgada en agosto de 2012, por lo que el plazo razonable de tres años para aprender la lengua indígean originaria para los servidores públicos concluyó en agosto de 2015, y desde cuya fecha se hace exigible esta norma, tanto para los que fungen la función pública como para aquellos que se postulan para cualquier cargo público.

Volviendo a las declaraciones del señor Arandia, consideramos que para un Defensor del Pueblo es importante el conocimieno no solo de una lengua indígena originaria, sino dos o más, porque estará permanentemente en contacto con miembros de los pueblos indígenas que son los que más sufren la agresión a sus derechos.

Por otro lado, estamos de acuerdo en que cualquier ciudadano está en su derecho individual de recurrir a las instancias legales que corresponda para pedir la reconsideración de cualquier norma que afecte sus derechos, pero un derecho individual no puede ir contra los derechos colectivos, y el derecho lingüístico es un derecho colectivo de las naciones y pueblos indígena originarios del país.
Afirmar que la Ley de Derechos y Políticas Lingüísticas es inconstitucional es desconocer o ignorar a propósito los citados artículos 5, 234 y Decima Transitoria que forman parte de la Constitución Política del Estado. En realidad, solo queda recurrir de inconstitucional a la Constitución Política del Estado, porque las leyes que operativizan la norma suprema se enmarcan en los mencionados artículos de la Constitución vigente.

Argüir que el plazo de tres años no es suficiente para aprender un idioma, es una falacia por cuanto, no depende tanto del tiempo, tres años es razonable, sino de la actitud de valoración de la lengua, voluntad, necesidad e interés del aprendiz. Si una persona no tiene actitud positiva ni voluntad de aprender ni diez años serán suficientes para hacerlo. Cabe aclarar que desde la promulgación de la Constitución Política del Estado 2009 hasta la actualidad han pasado cerca de ocho años, tiempo suficiente para aprender una segunda lengua.

Alegar que exigir el conocimiento de una lengua indígena originaria es discriminación tampoco es cierto, porque las condiciones o requisitos para el cargo de Defensor del Pueblo estaban preestablecidas, lo mismo ocurría, es decir rechazarían si no sabemos, por ejemplo si se quiere optar una beca y se exige el conocimiento de una lengua extranjera.

La NPIOs y los CEPOs en particular, por su actitud propositiva de políticas públicas y luchas ideológicas permanentes hemos logrado avanzar en el reconocimiento legal de nuestros derechos, que pueden ser perfectibles, pero fundamentalmente nos interesa que se garanticen su ejercicio. Tampoco miraremos sin inmutarnos que éstos derechos queden en la letra muerta del papel, ni sean cuestionadas por actitudes que rayan con el racismo que consideramos que estaban superadas.